La intervención en el alquiler de larga duración resta incentivos a los propietarios. El 24% venderá su propiedad, el 8% optará por el mercado de las habitaciones y el 2% trata de reconvertirlo al turístico. Para el gobierno español, situaciones excepcionales, requieren medidas excepcionales, y el mercado inmobiliario no queda fuera. «No vamos a renunciar a dar respuesta también a la emergencia habitacional», decía Pedro Sánchez, al anunciar el decreto que recoge la prórroga de los contratos de alquiler –que finalicen antes de que termine el 2027– y el tope a la actualización de los precios –para los contratos que entraron en vigor antes de la Ley de Vivienda–. Dos medidas que el sector viene rechazando por su efecto negativo en la (poca) oferta disponible. Ahora, más de un tercio (34%) de los contratos que finalizarán este 2026 y 2027 (40%) se retirará del mercado del alquiler de larga duración, según una encuesta de Fotocasa. «Nunca habíamos detectado una fuga de oferta similar en el mercado», asegura María Matos, portavoz de Fotocasa. «Si se mantienen este tipo de medidas intervencionistas y punitivas, la retirada de las viviendas del mercado podría intensificarse en los próximos meses». Según los datos, el 24% de quienes se retirarán del alquiler residencial prevé vender el inmueble una vez que finalice el contrato, mientras que el 8% planea destinarlo al alquiler de habitaciones o reconvertirlo en un apartamento vacacional (2%). En cualquier caso, representa una pérdida a la oferta residencial de larga duración, que ya es escasa para la demanda. Sobre todo como consecuencia de la «creciente falta de seguridad y de confianza en el mercado», apunta Matos.